Cuatro Estados centroamericanos y un órgano legislativo de un quinto país han rechazado las resoluciones del tribunal regional por considerarlo “inaplicable”, sólo tres países del área la reconocen.

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) tiene una historia de desacatos por parte de todos los países centroamericanos, desde su conformación en 1994.

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá han desconocido en su momento a la Corte Centroamericana de Justicia, integrada por seis magistrados de tres países: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Origen de la CCJ

La Corte Centroamericana de Justicia fue creada por el Protocolo de Tegucigalpa en 1994, el cual, en su Artículo 12, le da nacimiento para garantizar el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución de ese Protocolo, y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, dejando la integración, funcionamiento y atribuciones para ser regulados en el Estatuto de la misma, el cual debería ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo.

La Corte es uno de los órganos oficiales de la integración regional.

La Corte Centroamericana de Justicia creada como Órgano jurisdiccional para

garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de

Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o derivados, fue regulada en el

Convenio de Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia, del 10 de diciembre de

1992 (adoptado en la XIII Cumbre de Presidentes). En su exposición de motivos se

establece con claridad que: “Las facultades que se le atribuyen con carácter excluyente,

son jurisdiccionales. Se crea así un Órgano Supranacional que permitirá resolver los

problemas propios del “Sistema de la Integración Centroamericana” en forma pacífica

y civilizada”.

Los desacatos

Honduras: El 29 de noviembre de 1999, la CCJ resolvió por mayoría de votos admitir la demanda interpuesta por el Estado de Nicaragua en contra del Estado de Honduras y ordenaba suspender el procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor del Tratado de Limitación Marítima, suscrito entre Colombia y Honduras en 1986. Ese tratado, según Nicaragua, lesionaba su mar territorial en el Caribe.

El 30 de noviembre de ese año, el Congreso Nacional de Honduras desconoció la resolución de la Corte y aprobó el Tratado.

Nicaragua: En 2004, los entonces expresidentes de ese país, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, decidieron aliarse y aprobar reformas constitucionales en la Asamblea Nacional de esa nación, en las que fundamentalmente se le recortaban las facultades al mandatario Enrique Bolaños y lo dejaban como un mero personaje ceremonial.

Bolaños recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia y presentó un caso contra la Asamblea Nacional nicaragüense en enero del 2005.

El 29 de marzo del 2005, la CCJ emitió una sentencia donde le da la razón al presidente Bolaños y señaló al parlamento de intentar romper el orden institucional de Nicaragua.

“La presente resolución, en aplicación del artículo 39 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, deberá ejecutarse como si se tratara de cumplir una sentencia pronunciada por un Tribunal nacional del Estado de Nicaragua”, rezó el fallo.

Los diputados nicaragüenses, que habían aprobado las reformas para debilitar a Bolaños, rehusaron acatar el fallo de la CCJ. Bolaños tuvo que acudir al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y los mandatarios de la región hicieron una cumbre respaldándolo. La OEA también lo respaldó y envió al ex canciller argentino, Dante Caputo, para mediar entre Bolaños y los diputados con el fin de evitar su derrocamiento.

Panamá: Durante la campaña electoral panameña del 2009, el entonces candidato Ricardo Martinelli prometió sacar a su país del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por considerarlo un gasto oneroso e inútil para el país. Al asumir el poder, así lo hizo.

El Parlacen, entonces, recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia, que falló en octubre del 2010 que Panamá no podía retirarse unilateralmente del foro regional y que debía acatar la sentencia.

El gobierno de Martinelli argumentó que Panamá no está obligado a cumplir sus mandatos porque que no ha ratificado el convenio como miembro del organismo judicial regional.

La cancillería panameña sostiene que “la retirada de Panamá del Parlacen constituye una decisión ‘final e irrevocable’ y se concretará en cumplimiento de los procedimientos previstos en la Convención de Viena”.

Según el Ministerio panameño de Relaciones Exteriores, ese paso se adoptó “en el ejercicio de la voluntad y potestad soberana que ostenta Panamá como sujeto del derecho internacional”.

Guatemala: En agosto del 2011, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral de ese país que rechazaba la candidatura presidencial de la primera dama, Sandra Torres, por prohibición expresa de la Constitución.

Torres pretendió postularse e inscribirse como candidata divorciándose formalmente del presidente Álvaro Colom, su esposo. Los tribunales decidieron que Torres había cometido fraude y rechazaron la inscripción. Al culminarse todos los recursos, Sandra Torres recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia.

En principio, la CCJ admitió el recurso y dijo que lo estudiaría e, incluso, abrió el proceso a pruebas.

Fue entonces que el Estado de Guatemala rechazó a la Corte Centroamericana de Justicia como autoridad para resolver la demanda que interpuso la ex primera dama contra el Estado guatemalteco por su exclusión de los comicios de septiembre.

El procurador general de Guatemala, Guillermo Porras,  pidió anular el proceso porque, a su criterio, la CCJ admitió la demanda de Torres, el 2 de agosto, siguiendo un “proceso viciado”.

El representante del Estado guatemalteco argumentó que los magistrados del tribunal regional recibieron la demanda, abrieron el caso a período de presentación de pruebas y convocaron a la audiencia pública “irrespetando” los plazos establecidos en su propia normativa.

“El Estado de Guatemala participa bajo protesta en esta audiencia”, enfatizó Porras, al exigir “el debido proceso”.

Otro representante del Estado guatemalteco, Saúl Oliva Figueroa, cuestionó a la Corte por estar integrada solo con magistrados de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

“¿Está realmente integrada la Corte? ¿Puede resolver?”, inquirió Oliva a los seis magistrados del tribunal en una audiencia celebrada en la Universidad Centroamericana, en Managua.

Porras, por su parte, negó un conflicto entre los poderes del Estado en Guatemala, como sostuvo Torres al introducir su demanda. Precisó que todas las instancias resolvieron prohibir la candidatura presidencial de Torres por cometer “fraude de ley”.

Unos días, después, el entonces presidente del tribunal regional, el hondureño Francisco Darío Lobo, dijo en Managua, que la alianza que postulaba a Torres, renunció por escrito a su demanda contra el Estado de Guatemala.

Costa Rica: Costa Rica rechazó la sentencia emitida en su contra por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) por la construcción de una carretera paralela al río San Juan, fronterizo con Nicaragua, y señaló que evalúa la posibilidad de retirarse del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, calificó el fallo del tribunal, como "espúreo e ilegítimo" ya que su país no reconoce la competencia de la CCJ, con sede en Managua.

La Corte Centroamericana de Justicia condenó a Costa Rica por la construcción de una carretera "de alto riesgo y peligrosidad ambiental" en el margen sur del río San Juan, de soberanía nicaragüense, y ordenó a San José suspender esa obra.

En un mensaje reiterado por distintas vías para mostrar el rechazo a la CCJ, el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó: “Ignoramos todo lo que la Corte disponga, la Corte no tiene injerencia, no tiene competencia, no tiene jurisdicción en Costa Rica”.

“Para nosotros lo que resuelva la CCJ es irrelevante y completamente nulo”, insistió el canciller.

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