Un organismo independiente que lucha por la despenalización del aborto en El Salvador interpuso hoy un recurso de revisión de la sentencia que en 2005 condenó a 30 años de cárcel a una mujer que presuntamente incurrió en esa práctica.

"El recurso que interpusimos este día es para pedir revisión de la sentencia del caso de Sonia Esther Tábora, una mujer que fue criminalizada, condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado", dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico.

García precisó que el recurso de revisión fue presentado en el Juzgado de Sentencia de Sonsonate.

La dirigente agregó que Tábora fue condenada "sin ninguna prueba directa ni científica" y que el proceso se dio "en el marco de la penalización absoluta del aborto" que persiste en El Salvador.

Explicó que Tábora tuvo "una complicación obstétrica" al perder a su bebé y que entró en "estado de shock por la hemorragia" al hospital, donde el médico que la atendió la denunció ante la Fiscalía y la Policía por supuestamente haberse realizado un aborto.

"No hay ninguna prueba directa para condenarla", e incluso la autopsia del bebé, "para poder determinar si es homicidio o no (...), no se realizó", enfatizó.

García señaló que lo único que quieren "es que se haga justicia y que no se siga criminalizando a las mujeres" de forma injusta ante cualquier sospecha de un aborto.

Además, pidió a las autoridades gubernamentales que "revisen la legislación actual que penaliza absolutamente el aborto", porque muchas mujeres están en similar situación que Tábora, expresó sin dar cifras.

El hecho se registro en 2005, cuando Tábora tenía 20 años de edad y fue detenida por presuntamente haberse realizado un aborto y condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

Actualmente ha cumplido un poco más de siete años de su condena en la Cárcel de Mujeres.

La Agrupación Ciudadana, junto a una organización estadounidense, demandó el pasado 21 de marzo al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por el caso de una mujer que murió en una cárcel en 2010, acusada de haberse practicado un aborto, aunque al parecer le fue provocado por un cáncer.

En El Salvador "hay una paranoia en los hospitales de denunciar a las mujeres ante cualquier sospecha de aborto", dijo en ese entonces Alejandra Cárdenas, abogada del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, la otra organización parte en la demanda en la CIDH.

Agregó que "se da una situación similar en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, pero no al grado en el que se ha llegado aquí (El Salvador)", de "llevar a las mujeres de la cama a la cárcel".

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